POR NATALIA PATIÑO
Es inaceptable y hasta penoso, la forma como vienen operando las ambulancias para las emergencias que se han suscitado en los últimos años, y mucho menos que se sigan acumulando denuncias por la demora en dichos servicios de salud, y si las cosas siguen así tocará avisar con anticipación cuando es que uno va a colgar los guayos.
El último caso que evidencia este hecho, se presentó con la muerte inesperada del congresista José Fernando Castro Caycedo, hermano del reconocido escritor y periodista Germán Castro Caycedo; quien murió en pleno debate en la comisión sexta del Senado. Luego de 20 minutos de espera de una ambulancia, el representante Roy Barreras llevó a Castro Caycedo en su propio carro hasta un hospital donde, al final, perdió la batalla con la vida, a las 6:15 de la tarde.
En los últimos años se han registrado casos como el escandaloso incidente en Bogotá por la muerte de los 8 niños con Síndrome de Down en un transporte escolar, que se incendió el 17 de septiembre de 2002 por imprudencia de su conductor; pero este hecho no fue el que ocasionó la indignación de la opinión pública, sino la demora de las ambulancias y de la policía para socorrer a los pequeños.
En el 2004, hubo negligencia del personal encargado de una ambulancia de la Defensa Civil para atender un accidente en el Municipio de Pondera al oriente del Atlántico el pasado 19 de julio de dicho año, porque no portaban la tarjeta electrónica que había perdido hace un año que garantizaba su paso por los peajes de las carreteras del país.
Este hecho se agrava aún más cuando en los temibles paseos de la muerte, las ambulancias no llevan el permiso ni los respectivos equipos que deben llevar para salvar vidas; además las personas no han aprendido aún a darle vía a éstos cuando van a prestar dichos servicios de salvamento.
El Ministerio de la Protección Social afirma que el tiempo promedio de respuesta ante un llamado de emergencia, se encuentra entre 7 y 10 minutos y este promedio es internacional. ¿Entonces por qué los hechos ocurridos han demostrado lo contrario? Aquí en Colombia, los casos presentados muestran un promedio de 40 minutos en la respuesta a un llamado.
En algunos ocasiones, se ha denunciado que hay ambulancias que no cumplen con su función principal que es la de auxiliar a alguien que está a punto de perder su vida o que tiene comprometidos gravemente sus signos vitales; por el contrario, transportan personas particulares o documentos como si se tratara de un taxi o un servicio de mensajería.
Con la aparición de la ley 100, presentada en el Congreso por el actual presidente Álvaro Uribe Vélez en 1993, la salud de los colombianos exhibe un balance catastrófico; ha sido convertida en mercancía y bajo el pretexto de la cobertura universal se halla en manos de la especulación del capital financiero, siendo norma que el Estado haya abandonado la salud pública y sus propias instituciones.
Esto es causa la grave emergencia en los centros asistenciales y en las ambulancias, porque hay personas que por su estado precario de vida no pueden pagar su seguridad social o si tienen carné de “asegurados” en el bolsillo, resulta azaroso obtener atención oportuna para la enfermedad padecida, aún en situaciones de urgencia; por ejemplo en el caso de infarto agudo del miocardio, cuyo indicador universal de atención oportuna es el tiempo que transcurre entre el momento de salida del paciente hacia el hospital y el inicio de la administración venosa del medicamento que disuelve la obstrucción de las arterias coronarias (lapso puerta-vena). Este lapso se prolonga en Colombia debido a múltiples barreras, como el acceso a una ambulancia y “los peajes” que genera en los servicios de urgencias la cultura impuesta por el modelo de “asegurar a quién se le va a pasar la cuenta”. Ni hablar de la larga espera a que son sometidos los pacientes que requieren atención para dolencias nuevas o crónicas o si son remitidos a exámenes o consultas especializadas o que requieren medicamentos o pruebas diagnósticas que se hallan fuera del listado del llamado POS. La norma será la espera, pues lo que se busca es disminuir el gasto para el asegurador a costa del enfermo.
En el país del sagrado corazón, mil historias son posibles de ser verdad, pero lo que es inadmisible es que en su Constitución se promulgue el respeto a la vida y al derecho a una atención justa en salud y el mismo gobierno se haga el de la vista gorda a la hora de hacer un control.
Mientras llegan las acciones para corregir estos hechos, nos tocará ingeniarnos la forma de avisar anticipadamente "cuando colgaremos los guayos".
NATALIA PATIÑO
No hay comentarios:
Publicar un comentario